Iniciativa oficial para indemnizar a exiliados políticos
Para reparar los años de ausencia.
El proyecto de indemnización implicaría también el reconocimiento de la ciudadanía para todos los hijos de padres argentinos.
El presidente Néstor Kirchner con la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (Coepra). La reunión fue hace quince días. El Gobierno se comprometió a solucionar los problemas que se plantearon.
Por Victoria Ginzberg
El Gobierno planea indemnizar a los exiliados políticos. El presidente Néstor Kirchner se comprometió personalmente a hacerlo en una reunión que mantuvo hace dos semanas con la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (Coepra).
La iniciativa oficial incluye además la resolución de otros problemas que tuvieron que afrontar quienes se escaparon del terrorismo de Estado: aportes previsionales, títulos adquiridos en otros países y la situación de los niños nacidos en el extranjero. Este último punto abarcará también a quienes emigraron por razones económicas, ya que implicaría que todos los hijos de padres argentinos serán reconocidos como ciudadanos.
La iniciativa de reparación económica a los exiliados políticos está avanzando en los tres poderes del Estado. En el Senado existe un proyecto de Marcelo López Arias. En la Justicia, el procurador general Luis González Warcalde dictaminó a favor de un reclamo de la familia Vaca Narvaja que fue obligada a dejar el país durante la última dictadura. Finalmente, en el Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se manifestó de acuerdo con un pedido hecho por Jorge Muracciole, a quien anteriormente se le había negado la posibilidad de ser indemnizado.
“Miles de argentinos se vieron obligados a dejar su país y buscar refugio en otro en procura de salvar los más básicos derechos humanos: la vida y la libertad. Algunos exiliados fallecieron sin poder retornar a su patria; otros tuvieron que permanecer en los países donde trabajosamente pudieron rehacer sus vidas. Quienes decidieron volver al país junto con la democracia también debieron enfrentar numerosas dificultades en el plano económico y laboral. Muchas veces no lograron recuperar sus trabajos, sus bienes personales, su trayectoria en la sociedad.
Particularmente los niños sufrieron sucesivos desarraigos agravados por la inestabilidad de su situación jurídica.
La reparación de esta injusta situación es una tarea pendiente del gobierno democrático”, señaló Duhalde en un escrito que aún debe ser firmado por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz.
El proyecto legislativo de López Arias es una reiteración de una iniciativa que el senador había impulsado en 1999 y que perdió estado parlamentario ya que desató un debate que trabó su tratamiento. Entre otras cosas, se había planteado una discusión acerca de cómo reconocer a quienes estuvieron “obligados” a abandonar el país.
La propuesta, acompañada por Jorge Busti, Mario Losada y Diana Conti, indica que hay tres formas de reconocer a quienes se beneficiarían con la medida: una certificación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), documentación en la que el país de acogida reconozca la situación de asilo o –lo que sería el trámite más complicado– una resolución judicial por el procedimiento de información sumaria. “Para nosotros, lo más importante es que el Estado reconozca al exilio como una violación a los derechos humanos”, aseguró a Página/12, Susana Gabbanelli, de Coepra y una de las ocho personas que se entrevistaron el 13 de mayo con el Presidente; el ministro de Interior, Aníbal Fernández; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini.
Este grupo de exiliados espera transformar la iniciativa de López Arias en una propuesta más abarcativa y para eso están trabajando con Parrilli y Rodolfo Mattarollo, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos. El objetivo es que se contemple, además de la reparación económica, el reconocimiento de títulos, estudios, antecedentes laborales, años trabajados y aportes previsionales realizados en el extranjero. También esperan que se aplique, con algunas modificaciones, una ley que ya fue aprobada para que los niños que nacieron en el exilio sean considerados ciudadanos argentinos con derechos plenos.
La solución para este último tema podría llegar a través de un decreto que contemplaría que, quienes la tengan, no pierdan la nacionalidad del país de exilio. Además, se resolvería que todos los hijos de argentinos, exiliados o emigrantes económicos, pueden recibir la nacionalidad con la sola presentación de la partida de nacimiento y la acreditación de que uno de sus padres es argentino.
Esto implicaría cambiar la tradición del país ya que hasta ahora se considera ciudadanos a los nacidos en Argentina.
Como varios países europeos otorgan la nacionalidad por la vía de la sangre, existieron muchos casos de chicos que fueron “apátridas” o tuvieron que hacer trámites largos y engorrosos para conseguir la ciudadanía de algún país. Si se modifica el criterio, con una simple presentación en los consulados, los hijos de argentinos tendrán, sin condicionamientos, la misma nacionalidad que sus padres.
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